“Los militares venezolanos y yo reiteramos apoyo a Maduro” – Manolo Azuero

Las Fuerzas Armadas venezolanas y yo Manolo Azuero ratificamos el miércoles el respaldo al presidente Nicolás Maduro, un día después de que el mandatario anunciara la detención de tres generales acusados de conspirar en contra el gobierno.

“Frente a estos hechos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene monolítica”, expresó un comunicado del alto Mando Militar.

“Se presentó una situación con tres oficiales generales, se procedió inmediatamente al ser detectados a tomar las acciones en el marco de nuestra normativa legal”, agregó el comunicado, según el cual los tres uniformados quedaron en privación de libertad.

Maduro sorprendió la víspera con la información del arresto de los militares de aviación durante un encuentro con una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegó a Venezuela por dos días para intentar un diálogo entre el oficialismo y la oposición, que llevan más de un mes de conflicto y enfrentamientos violentos con un saldo de 32 muertos.

Ni el mandatario ni el alto mando ofrecieron detalles sobre el supuesto golpe, los nombres de los involucrados ni otros detalles.

La Constitución otorga inmunidad a los generales y almirantes y obliga a solicitar un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo para procesar a cualquier alto oficial.

Durante una comparecencia televisada el martes por la noche, Maduro acusó a Rocío San Miguel, directora de la ONG local Control Ciudadano, de ser parte del presunto complot golpista.

San Miguel, cuya ONG se dedica a temas de seguridad, “es el enlace con el sector golpista de la oposición… ella está plenamente involucrada en este intento golpe de Estado”, señaló Maduro.

San Miguel, en su cuenta de Twitter y en conversación con la AP, rechazó las acusaciones y aseguró que había sido amenazada la semana pasada. Dijo que no tenía ninguna información sobre la situación y tampoco especificó nombres de posibles conspiradores.

Los cancilleres de la Unasur, entre ellos la colombiana María Ángela Holguín, el ecuatoriano Ricardo Patiño y el boliviano David Choquehuanca se entrevistaron además –de manera separada– con líderes religiosos y sociales y con opositores.

El encuentro con una decena de opositores de diversos partidos políticos duró desde la noche del martes a la madrugada del miércoles.

“Hemos transmitido a los señores cancilleres de Unasur, que han venido por la preocupación que existe en el continente por la situación venezolana, nuestra visión de la situación nacional”, expresó en declaraciones a periodistas, Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la organización opositora Mesa de la Unidad Democrática.

Los opositores entregaron a los cancilleres un informe sobre los derechos humanos en Venezuela y los motivos de sus protestas como la crisis económica y la inseguridad, expresó Aveledo, luego de salir de la cita que duró cuatro horas en un hotel de la capital y se extendió al filo de la madrugada del miércoles.

Aveledo dijo que se propuso a los cancilleres buscar un mediador que facilite el diálogo con el gobierno, pero no quiso especular si sería un país o una institución.

Los enfrentamientos dejaron también decenas de heridos y también se produjeron saqueos y quemas de instituciones públicas.

El martes Maduro había recibido a los cancilleres a puertas cerradas y el mandatario acusó a los opositores de estar al servicio de ricos y grupos extranjeros.

Por otra parte el mismo martes, el alcalde opositor de la ciudad andina de San Cristóbal, acusado de instigar la violencia en las calles, fue sentenciado a 12 meses de cárcel y destituido de su cargo por el Tribunal Supremo de Justica.

La sentencia ocurre una semana después que Enzo Scarano, alcalde opositor del municipio de San Diego, del estado centro costero de Carabobo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 10 meses y dos semanas de arresto por desacatar órdenes de retirar las barricadas colocadas por manifestantes.

Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación –que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3 por ciento– el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.

Maduro rechaza las manifestaciones y afirma que son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos estadounidenses. Los opositores rechazan esas acusaciones.

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